COMUNICADO DE BIZILUR

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Desde Bizilur observamos con extrema preocupación la situación que se vive en Honduras tras el proceso electoral y hacemos un llamado a la sociedad civil, instituciones vascas y a la comunidad internacional en general para que se dirija la atención a Honduras y se denuncien las vulneraciones de derechos fundamentales y libertades democráticas que la población está sufriendo.

Las elecciones generales que tuvieron lugar el 26 de noviembre estuvieron caracterizadas por una alta presencia de observadores internacionales y nacionales. A pesar de que las misiones de observación han resaltado que la jornada electoral transcurrió de forma pacífica, organizaciones hondureñas han denunciado numerosas irregularidades, entre otras, la falta de entrega de identificaciones para poder votar, ausencia de sellos de validación del voto en muchos centros electorales y el cierre temprano de los mismos. Todo esto supone un límite del derecho a ejercer el voto. [1]

A esto se añade, la interrupción de la divulgación de las actas en la tarde del 26 de noviembre y la falta de transparencia y fluidez en la comunicación de la información por parte del Tribunal Supremo Electoral -que a una semana vista de la jornada electoral aún no ha emitido resultados fiables-, lo cual pone en duda su imparcialidad y la legitimidad misma del proceso electoral.

Estas acciones por parte del TSE, junto con la creciente militarización que se viene dando en el país en los últimos años, apuntalada por las disposiciones legales que otorgan a las Fuerzas Armadas la custodia de las urnas y del traslado de votos, han contribuido a aumentar el clima de tensión y desconfianza ya existente en la población hondureña dando lugar a una oleada de movilizaciones y protestas de la sociedad civil que reclama que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas y que se lleve a cabo un proceso de cómputo transparente y veraz.

Honduras ha sido, una vez más, testigo de un uso excesivo de la violencia, al ser reprimidas las personas que se manifestaban contra un eventual fraude electoral mediante el lanzamiento de bombas lacrimógenas a las protestas del 30 de noviembre y 1 de diciembre, incluso directamente a las personas, en contra de los protocolos establecidos de actuación de las fuerzas de seguridad.

Además, la noche del viernes 1 de diciembre el gobierno decretó un toque de queda, el cual establece un estado de sitio suspendiendo la libre circulación de las personas y el derecho de reunión, y brindando facultades a las fuerzas de seguridad para vulnerar los derechos humanos.[2] Esta medida impuesta por un gobierno no electo y en medio del proceso de conteo electoral, además de ser inconstitucional, sólo puede tener como objetivo atemorizar a la población para que no se manifieste de cara a imponer un resultado electoral fraudulento.

En este momento, denunciamos la detención arbitraria de 96 personas manifestantes y opositoras políticas, la muerte de 7 personas y 20 heridos, según fuentes locales, resultado de la represión ejercida por las fuerzas del Estado.[3] Asimismo, los organismos de derechos humanos en el país, han documentado ataques contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación realizados por fuerzas de seguridad en un intento por impedir la cobertura informativa de las manifestaciones así como amenazas de cierres de medios.[4]

Esta situación puede generar una grave crisis política teniendo en cuenta los antecedentes del golpe de Estado de 2009 y la violencia estructural existente, ahondando más en la preocupante situación de vulneración de los derechos humanos y aumentando la estigmatización y persecución de las personas defensoras de derechos humanos y aquellas percibidas como opositoras al Gobierno.

Es necesario recordar que Honduras es considerado como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con más de 120 personas asesinadas desde 2010 por enfrentarse a proyectos y concesiones empresariales, señalándose como responsables a las élites económicas del país y miembros de la clase política, con la participación de la policía y el ejército;[5]  más de 3 .064 personas han sido criminalizadas según datos del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos;[6] al menos dieciséis activistas y candidatos del partido LIBRE (Libertad y Refundación de Honduras), -uno de los partidos de la oposición-, han sido asesinados desde junio de 2012 según el organismo de Derechos Humanos COFADEH; y 43 periodistas han sido asesinados entre 2010 y 2014 según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).[7]

Ante esta alarmante situación, nos unimos a las organizaciones de la sociedad civil hondureña para solicitar

  • Al Tribunal Superior Electoral: una mayor transparencia y veracidad en el cómputo y publicación de los resultados electorales, así como llevar a cabo un recuento público de todas las actas físicas, con la participación de organizaciones internacionales, cotejado con las actas de los partidos.
  • Al Estado hondureño: garantizar el derecho de todas las personas a circular y manifestarse libremente y sin que suponga un riesgo para su seguridad, y específicamente, que garantice a defensoras/es de derechos humanos, activistas, líderes políticos y medios de comunicación comunitarios, el ejercicio pleno de sus derechos.
  • A los medios de comunicación: que se hagan eco de la situación que está viviendo el país y sean lo más objetivos posibles, para no contribuir más a la polarización de la sociedad hondureña con informaciones incompletas y sesgadas.
  • A la Misión de observación electoral de la UE (MOE), a la misión de la OEA y a las organizaciones de observación internacional: continuar con la observación sin abandonar el país mientras esta situación persista y hasta verificar efectivamente los procesos de contabilización de resultado, denunciando de forma clara y contundente las irregularidades que hayan podido registrar.
  • A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales: que acompañen las manifestaciones y lleven a cabo las investigaciones oportunas respecto a las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
  • A los organismos internacionales y a los gobiernos: que no sean cómplices de la violencia mediante su silencio y exijan al Estado de Honduras que se garanticen las libertades civiles, el derecho a la manifestación y los derechos humanos en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Honduras, absteniéndose de reconocer a Jun Orlando Hernández si las irregularidades denunciadas en los puntos anteriores no son aclaradas por parte del TSE.

En Euskal Herria a 4 de Diciembre 2017

[1] http://www.laprensa.hn/honduras/elecciones2017/1130567-410/denuncias-recibio-fiscal%C3%ADa-delitos-electorales-ministerio_publico y aquí http://tiempo.hn/irregularidades-elecciones-internas-2017/

[2] http://www.laprensa.hn/honduras/1131413-410/toque_de_queda-saqueos-elecciones-honduras-disturbios-nasralla-juan_orlando_hernandez

[3] http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2560-honduras-caceria-militar-deja-7-muertos-y-20-heridos

[4] Comunicado de prensa de la Mesa Nacional de Derechos Humanos del 2 de diciembre de 2017, http://www.hondurastierralibre.com/2017/12/honduras-periodistas-denuncian.html y http://hondudiario.com/2017/11/30/periodista-jorge-aldana-denuncian-posible-cierre-de-une-tv/

[5] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/

[6] https://www.amnesty.org/es/countries/americas/honduras/report-honduras/

[7] https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285489